Excepcionalmente en 2025, el Estado podrá autorizar a la Comunitat Valenciana a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a extenso plazo o asignar bienes con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, suplementarios a los previstos en el párrafo previo, para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad autónoma en respuesta a la situación de emergencia derivada de la depresión aislada en niveles altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

En primer emplazamiento, debe atenderse a la verdad social y económica de los hogares en el actual contexto caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de proposición asequible de vivienda, Triunfadorí como de sobreexposición financiera de los hogares al pago del alquiler, extendiendo determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

5. Las entidades locales que no resultaran beneficiaras de las ayudas reguladas en el Efectivo Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte conocido, deberán personarse próximo con su solicitud un certificado de los ingresos obtenidos en la prestación de los servicios de transporte divulgado colectivo, por aplicación de las tarifas o precios públicos en el año 2019, según el modelo que se pondrá a disposición en la Sede Electrónica del Profesión de Transportes y Movilidad Sostenible a tal finalidad.

En el año 2020, el impacto de la crisis Integral por el COVID hizo necesario proteger los sectores estratégicos de nuestra Heredad, para lo cual se estableció un ámbito de control de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos mediante la entrada del artículo 7 bis en la índole 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen legal de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el foráneo.

Más allá de ese «régimen constitucional» el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obstáculo constitucional alguno para que el Decreto-ley, en el ámbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Autónoma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulación no tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas.

Es importante resaltar que el Decreto 045 expedido por el Gobierno nacional y que entró en vigor el 1 de enero de 2025 indagación suscitar equidad en las tarifas del Registro Mercantil. Para el caso de nuestra Cámara de Comercio es posible que percibamos mayores ingresos, los cuales serán invertidos en la prestación de los servicios a los empresarios, el fortalecimiento de los proyectos de ampliación empresarial que impactan la rendimiento de las empresas y la modernización permanente de los sistemas tecnológicos bajo los cuales opera el registro mercantil.

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2. El porcentaje de precio del título de transporte que será financiado con cargo a estas ayudas, se realizará tomando como referencia el régimen tarifario que el beneficiario tuviese implantado a 30 de noviembre de 2024, excepto en la gratuidad de niño, y que afecte a los siguientes resolución 0312 de 2019 estándares mínimos títulos de viaje:

a) Como consecuencia de que el coste de las actuaciones financiadas haya sido inferior al avance realizado.

b) Se solicitará a los beneficiarios una auditoría o certificado de la persona a la que corresponda, de acuerdo con las normas estatutarias, las funciones de Confianza pública o las de fiscalización de la dirección económico financiera, en el que se evidencie el cumplimiento de los requisitos recogidos en los artículos 37.4, 39, 41 y 42, que les serán de aplicación a estas ayudas, incluyendo la comprobación que no se producen situaciones de doble financiación y que se han dedicado los importes percibidos exclusivamente a financiar la prestación del servicio de transporte manifiesto y, en todo caso, a compensar a los operadores de transporte por la merma de ingresos que supuso la implantación de la medida en los plazos establecidos en la norma.

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«5. Si se acreditara la concurrencia de perjuicio crematístico en los términos establecidos en el apartado antecedente, la compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un arriendo de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del inquilinato de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite acontecer asumido su propietario, por el período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se Oriente por auto o hasta el 31 de diciembre de 2025.»

En agradecimiento del hecho insular, se establece un descuento del 100 % en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte manifiesto colectivo terráqueo de las islas Canarias e Illes Balears.

Encima, se prevé la posibilidad de que por acuerdo de Consejo de Ministros se establezcan los requisitos que deben cumplir los planes alternativos de transporte, en situaciones en las que por alguna incidencia la capacidad de circulación quede afectada, para el posible establecimiento de bonificaciones temporales en las tarifas, y su financiación.